"Los mahaikides Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Antton Morcillo comparecieron ante la prensa en Donostia apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo corroborara «la sentencia elaborada y redactada desde hace tiempo por el Gobierno fascista español», según indicó el primero de ellos antes de señalar que esa decisión «en ningún caso produce sorpresa» porque «la mayoría de este pueblo ya sabe cuál es la voluntad del aznarismo».

Tras indicar que los dirigentes de la formación ilegalizada en el Estado español no entrarán en valoraciones jurídicas y que serán sus abogados los que analizarán un posible recurso contra ese fallo, Otegi animó al conjunto de agentes políticos, sindicales y sociales que apuestan por la construcción de Euskal Herria a «asumir su responsabilidad y estar a la altura de las circunstancias, porque ya no vale mirar hacia otro lado».

«El objetivo del aznarismo es aniquilar al pueblo vasco», aseguró Otegi, que recordó que «Euskal Herria ya ha conocido la represión con todo tipo de regímenes políticos» tanto por parte del Estado español como por parte del francés.

No obstante, la lectura de la situación que expuso Otegi no tuvo un tono pesimista, ya que manifestó que «los últimos ataques» registrados ­en alusión a distintas operaciones policiales, las torturas denunciadas o el cierre de "Euskaldunon Egunkaria"­ reflejan que las autoridades del Estado español «saben que han perdido la gran batalla» dentro de su «estrategia de guerra contra este pueblo». Y a continuación destacó el hecho de que el presidente español, José María Aznar, ligara la ilegalización de Batasuna con la guerra contra Irak. «Aplican la misma receta para el pueblo iraquí y para el pueblo vasco», dijo, puesto que «a falta de razones, sólo les queda la fuerza. A Bush, a Sharon y a Aznar». En este contexto, advirtió que «ésa, y no otra, es la alternativa constitucionalista» En otras palabras, reiteró que «el gran nacionalismo español no soporta que Euskal Herria» pueda alcanzar «un escenario de paz y democracia».

También incidió en que «el motor del fascismo español es el odio al pueblo vasco» y dijo que ello obedece a que «somos un pueblo pequeño, humilde, que está decidido a ser dueño de su presente y su futuro».

«No somos una amenaza militar, ni política ni cultural para nadie, ni tenemos armas de destrucción masiva», añadió Otegi, para quien no hay duda de que desde hace tiempo «están declarando la guerra a este país».

«Si alguien piensa que, tras estas medidas, se van a producir efectos catastróficos en el nivel de organización y de propuesta política de la izquierda abertzale, se equivoca de plano», afirmó tajantemente el portavoz de la Mesa Nacional de la formación ilegalizada.

Como han sostenido reiteradamente los dirigentes de la izquierda abertzale desde que se inició el proceso de ilegalización, Otegi destacó que «a quien le corresponde decir quién es legal e ilegal en este país es al pueblo vasco, y no a Aznar, ni a Chirac, ni al Tribunal Constitucional español, ni al Tribunal Supremo español».

Es más, dijo que «la izquierda abertzale la ha creado este pueblo» y, por tanto, «somos legales porque somos ciudadanos de este país. La única legitimidad que consideramos válida ­precisó­ es la que nos conceden los ciudadanos de este país, y el Tribunal Supremo que diga lo que quiera, somos legales en este país porque lo decide el pueblo vasco». Insistiendo en esa reflexión, concluyó que «ésa es una lección que todavía tienen que aprender y que, a buen seguro, aprenderán», anticipó.

Llegado a ese punto, Otegi hizo una llamada al conjunto del pueblo vasco para «hacer frente al aznarismo y construir la alternativa que nos lleve a otro escenario político. Ahí vamos a seguir estando ­añadió­ y de ahí no nos vamos a mover, se ponga como se ponga Aznar». Asimismo, comentó que «este pueblo sabe que del Estado español sólo puede esperar más represión y sufrimiento».

También se mostró convencido de que en Euskal Herria hay «suficiente masa crítica y popular para afrontar el cambio político». Concretamente, hizo referencia a «las lecciones que ha dado este país en las últimas semanas», recordando la gran manifestación y la jornada de solidaridad que siguieron a la clausura de "Egunkaria" por parte de la Guardia Civil.

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre el alcance judicial de la ilegalización, Otegi comentó que «no vamos a perder ni cinco minutos en lecturas jurídicas» y únicamente señaló que, posiblemente, la medida no tendrá ningún efecto sobre los grupos parlamentarios en Iruñea y Gasteiz.

La decisión es, además, de una imprudencia extraordinaria. ¿Cómo no han advertido los magistrados que integran la mayoría que con el resultado mismo de la votación se está proporcionando la prueba de la vulneración del derecho fundamental al juez imparcial? ¿Cómo no han advertido que con el resultado de la votación está servido el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Cómo no han advertido que, puesto que la constitucionalidad de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la ilegalización de Batasuna depende de que la LO 6/2002 sea constitucional, su decisión de admitir que el presidente recusado pueda participar en el conocimiento del recurso de inconstitucionalidad contra la ley lo deja todo en el aire?"

"Las últimas decisiones adoptadas por distintos ámbitos institucionales del Estado español (ejecutivo, legislativo y judicial) consistentes en aprobar Leyes como la de Partidos Políticos, reformas como las relativas al Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley General Penitenciaria, la suspensión cautelar de actividades de la organización política Batasuna, primero, y su posterior ilegalización, y, el cierre de un medio de comunicación como ‘‘Euskaldunon Egunkaria’’, suponen una genuina pulverización de los paradigmas del Estado de Derecho tal como convencionalmente se aceptan en los Estados realmente democráticos.

Las actuaciones legislativas y judiciales, realizadas ambas en un ámbito más que sospechoso de concertación previa, se corresponde con una corriente de fondo que afecta al mundo en su conjunto y que adquiere una expresión políticamente patológica tras el 11-S. Se está inoculando incluso en los países más democráticos y progresistas del mundo, qué no decir de los que están en el furgón de cola de esta clasificación como el Estado español, una relativización absoluta del valor ‘‘libertad’’ en su relación dialéctica con el valor ‘‘seguridad’’ que se va agigantando, removiendo todo el acervo político-cultural democrático que deriva de la síntesis de doctrinas tan ilustres como la del humanismo cristiano, el socialismo utópico, la economía social, la Ilustración, el orden revolucionario francés, etc.

Se imponen las tesis de la denominada escuela de pensamiento liderada por el presidente Bush, aquí sí que se podría parafrasear a Unamuno cuando ironizaba sobre un diario llamado ‘‘El Pensamiento Navarro’’, ya que el significado de la expresión pensamiento es absolutamente incompatible con los miembros de esa escuela entre los que destacan los hermanos Bush, Rumsfeld, el benemérito Kissinger, recuperado para esta causa, y otros halcones, y que no carecen de acólitos en Europa liderados por otro intelectual como es el presidente Aznar. La doctrina que para ordenar el mundo que esta Escuela impone, consiste en la aplicación de los siguientes principios: simplificación de los problemas a un nivel conceptual rayano en el infantilismo (si existe terrorismo internacional se destruye un país como Irak, si existe terrorismo en el Estado español se destruye la ideología que pretendidamente representa, la nacionalista, y de paso, el imaginario de lo vasco).

Una vez simplificados los problemas se buscan o fabrican enemigos imaginarios (no siempre tan imaginarios) y se acometen medidas de fuerza como la inmoral, contraria al Derecho Internacional Público y basada en intereses bastardos; la guerra contra Irak.

Lo mismo está ocurriendo en el ámbito doméstico español con la ilegalización de Batasuna, el cierre de ‘‘Egunkaria’’, los sumarios del Juzgado de Instrucción números 5 y 6 de la Audiencia Nacional y la propia aprobación de la Ley de Partidos. Soluciones simplistas para resolver problemas de compleja etiología como el de la violencia de ETA y la existencia de cualquier atisbo de disidencia vasca que en las instituciones del Estado español se consideran discrecionalmente como anti-español.

La Ley de Partidos Políticos, a pesar de su convalidación por el TC (no es gratuito recordar aquí que sus 12 magistrados los elige el Congreso de los Diputados, el Senado, el Gobierno español y el Consejo General del Poder Judicial), no sólo es palmariamente inconstitucional, sino que incorpora la mayor perversión imaginable en cualquier Estado democrático, que unos partidos políticos pueden ilegalizar de forma prácticamente discrecional a otros con los que deben competir electoralmente. Decimos discrecionalmente porque las causas que legitiman para ilegalizar son tan inconcretas, tan deletéreas, y cuando son concretas tan injustas, por ejemplo, no condenar un atentado (no condenar un atentado no sólo no es delito ya que esta conducta no está tipificada como tal por el Código Penal sino que ni siquiera es una obligación legal cuyo incumplimiento suponga la omisión de la obligación de cumplir un pretendido deber legal aunque en opinión de la mayoría de este pueblo, la no-condena resulte moral y políticamente repudiable).

En relación al cierre de ‘‘Egunkaria’’, su carácter antijurídico y antidemocrático resulta igualmente clamoroso. La Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos equipara la gravedad o lesividad para la democracia del cierre de un medio de comunicación a la ilegalización antijurídica de un partido político, y sin partidos políticos y sin medios de comunicación libres no es posible concebir una estructura democrática de poder.

Por otra parte, hemos tenido la oportunidad de comprobar, de forma inequívoca, que las resoluciones judiciales que han provocado el cierre de ‘‘Egunkaria’’ contravienen expresamente la propia legalidad española. Los Autos que han iniciado la Instrucción Sumarial, no individualizan respecto a los detenidos e incriminados ninguna conducta individual que puede ser considerada como constitutiva de delito; la medida cautelar del cierre del diario se ha hecho sin cumplir la obligación prevista en el art. 120 del Código Penal de previa audiencia del representante legal del medio; el cierre cautelar de un medio de comunicación vacía de contenido un derecho fundamental previsto como tal en la Constitución como es el derecho de libertad de expresión e información que necesita como soporte material la existencia de medios de comunicación (sin perjuicio de que estamos hablando del único medio de comunicación íntegramente editado en euskera, lo que conlleva que la medida cautelar constituye un ataque frontal contra la cultura vasca).

Estamos en malos tiempos para las Libertades Públicas, el Derecho Penal que se está configurando es el más perverso de los posibles, el Derecho Penal del enemigo, no el Derecho Penal del ciudadano. La democracia es negada en sus propios términos, contra todo esto en Euskadi sólo queda resistir."

"Las más altas instancias internacionales continúan señalando al Estado español como uno de los lugares en los que se tortura a los detenidos. La última advertencia procede de la ONU, cuyo Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la cuestión de la tortura, el holandés Theo van Boven, publicó el pasado 27 de febrero su último informe mundial.

Van Boven, quien sólo asume aquellas denuncias que, tras ser exhaustivamente contrastadas, merecen su total credibilidad, recoge 47 casos de ciudadanos y ciudadanas vascas que a lo largo de 2001 declararon haber sufrido torturas durante su estancia en dependencias policiales. La Guardia Civil acapara 39 de estos casos, mientras que los ocho restantes se reparten por igual entre la Ertzaintza y la Policía española.

Este documento fue presentado ayer a los medios de comunicación por Iñigo Elkoro y Izaskun González, representantes de Torturaren Aurkako Taldea (TAT). Elkoro destacó que el grueso del informe está compuesto por casos de malos tratos infligidos a vascos e inmigrantes, y añadió que «por vez primera» el Relator realizó el año pasado dos «llamamientos urgentes» al Estado español.

En estos casos, el Relator Especial transmite directamente su preocupación al Ministerio de Exteriores correspondiente, al tiempo que insta al gobierno en cuestión a que adopte las medidas necesarias para la protección de estos detenidos.

El primero de estos llamamientos se produjo con motivo de la detención de seis personas en Iruñerria en febrero de 2002. El representante de la ONU destacó que uno de los arrestados, Ibai Aiensa, estaba convaleciente de una reciente intervención quirúrgica en el tímpano y presentaba dolencias cardiacas.

La segunda redada ante la que Theo van Boven reaccionó de inmediato fue la que se produjo entre finales de setiembre y principios de octubre de 2002 en Donostia y Usurbil, en la que fueron detenidas otras siete personas.

El Relator Especial dedica una parte sustancial al capítulo «Conclusiones y recomendaciones». En uno de sus apartados señala que «los interrogatorios deberían celebrarse únicamente en centros oficiales y debería estipularse por ley la eliminación de lugares secretos de detención. Las confesiones realizadas por personas privadas de libertad que no tengan lugar en presencia de un juez o de un abogado no deberían tener valor probatorio en un tribunal». Asimismo, indica que, como medida preventiva, «debería autorizarse a ONG independientes el pleno acceso a todos los lugares de detención, a fin de supervisar el trato que se da a las personas y las condiciones de detención de éstas».

La incomunicación ocupa un extenso párrafo, que comienza con una frase contundente: «DEBERÍA ESTABLECERSE LA ILEGALIDAD DE LA INCOMUNICACIÓN Y PONERSE EN LIBERTAD SIN DILACIÓN A LOS INCOMUNICADOS».

Entre otros aspectos, destaca que «todos los interrogatorios deberían comenzar con la identificación de todos los presentes y deberían ser grabados, preferentemente en vídeo. No deberían admitirse en un procedimiento judicial pruebas obtenidas en interrogatorios que no han sido grabados». Considera que «debería prohibirse la práctica de vendar los ojos y poner capuchas», que hace que sea «prácticamente imposible el enjuiciamiento por torturas».

Al mismo tiempo, subraya que «las personas legalmente detenidas no deberían permanecer en centros bajo la vigilancia de los interrogadores o investigadores durante un tiempo superior al que exige la ley para obtener una orden judicial de prisión preventiva, TIEMPO QUE, EN CUALQUIER CASO, NO SERÁ SUPERIOR A 48 HORAS». También indica que «debería haber disposiciones que permitieran a todos los detenidos impugnar la legalidad de la detención, por ejemplo mediante recursos de habeas corpus o de amparo».

En cuanto a las denuncias de tortura, aboga por que «siempre» se inicie una investigación y, a la espera de los resultados, se suspenda en el ejercicio de sus funciones a quienes estén relacionados con la demanda. Cuando el acusado formule durante el juicio acusaciones de tortura, «debería ser el Ministerio Público el que demostrara que la confesión no se obtuvo con medios ilícitos», indica.

A su vez, el Relator de Naciones Unidas subraya en el texto que «deberían derogarse las disposiciones jurídicas como amnistías, legislación sobre inmunidades, etcétera, que eximan de responsabilidad criminal a los torturadores».

Theo van Boven dedica el último párrafo de su informe a recordar la prohibición de proceder a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado «cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura».

Txostenaren orri gehien betetzen dituen Estatua espainiarra da

Theo van Boven Errelatoreak aurkeztu berri duen munduko txostenak tarte handia eskaintzen dio espainiar Estatuari, izan ere, honi dagokion informazioak 55 orrialde betetzen ditu. Horrek dokumentu osoaren zortzirena esanahi du. «Sailkapen» horretan Sri Lankari dagokio bigarren maila, 35 orrialderekin. Ondotik, berriz, Turkia (16), Txina eta Errusia (14), eta Mexiko (13) daude. Argitara eman dituzten datu horiek oinarritzat hartuz, Torturaren Aurkako Taldearen kide den Iñigo Elkorok «espainiar Estatua giza eskubideei buruzko ikasgaiak eman nahi dizkien estatuen gainetik» dagoela nabarmendu zuen. -